Cuando la paciencia de los responsables de urbanismo de las ciudades llega al límite en su lucha contra los grafitis, la solución es un equipo de grafólogos. Puede resultar extraño, pero es cierto. Son muchas las ciudades grandes (Barcelona, Alicante), y no tan grandes ( Figueras, Lugo, Girona, etc..), que recurren a los análisis caligráficos para detener y hacer que paguen los culpables de tal o cual pintada, en lugares no permitidos para ello. Cada año se disparan las cantidades que los ayuntamientos emplean en limpiar las calles sin que nadie se responsabilice de la factura.
Como asegura el prestigioso calígrafo José Antonio León, la mayoría de los grafiteros comienzan realizando firmas, lo que conocemos como tags, etiquetas. Se trata de seudónimos que no suelen tener más de cinco letras, hechos con pocos trazos y adornados con algún signo significativo. Más adelante estos simples trazos van evolucionando, rellenando la firma, dándole volumen y buscando su propio estilo, para terminar realizando murales.
Como cualquier escrito hecho a mano, el grafiti se identifica con el individuo, casi siempre de manera consciente. La persona o el grupo, a veces son pandillas, buscan un estilo que les identifique y distinga de los demás. En las ciudades, estos grupos se convierten en bandas de “grafiteros” que compiten marcando su territorio con su firma, o provocando a la banda del barrio rival escribiendo, como el perro que mea en las esquinas, en terreno contrario. Y no estamos hablando de Nueva York o de Los Ángeles, sino de Figueras, por poner un ejemplo, donde actúan bandas de “grafiteros” como los Perch, los Típex o los Gong.
Para controlar las acciones de estos “artistas” urbanos (algunos lo son sin comillas), la policía municipal respectiva ha optado por contratar los servicios de expertos grafólogos o formar a alguno de sus agentes. Cuando se detiene in fraganti a un grafitero, el grafólogo analiza su trabajo y lo coteja con la base de datos policial que, previamente, ha ido fotografiando todas las pintadas del barrio. Es entonces cuando se emite un informe, que tiene valor de prueba ante los tribunales, logrando que el autor o sus progenitores se hagan cargo del coste de la limpieza, y se tomen medidas contra el infractor, por lo general una sanción. Si la pintada está en un edificio privado, la policía explica al dueño la posibilidad de que aporte un informe pericial sobre lo que costaría el arreglo, que luego se une al atestado, donde se incluye el informe caligráfico.
Gracias a la intervención de un oficial experto grafólogo, en Alicante, la Concejalía de Seguridad Ciudadana consiguió atribuir, en el año 2012, 117 pintadas a 11 grafiteros e instruir 21 denuncias administrativas por incumplimiento de la nueva ordenanza de limpieza. En ese período de tiempo catalogaron, analizaron e incluyeron en su base de datos más de 2.000 grafitis localizados por todo el término municipal alicantino.
Contratar a un grafólogo es eficaz y, como vemos, tiene validez ante un tribunal. El perito debe de actuar de manera parecida a como lo haría ante un texto escrito, aunque el útil sea otro muy distinto. Lo primero es cotejar la prueba indubitada, la que realizó el presunto autor cuando fue pillado in fraganti, y a partir de ahí ir comparándola con el resto de la base de datos. El estudio de la forma de las letras, de los arranques y finales de las firmas y rúbricas, la repetición de gestos tipo, la proporción de los distintos signos, la inclinación, la tendencia en la dirección, … son factores a tener en cuenta. Además, hoy existen programas, caros, pero eficaces, que son capaces de, sobreponiendo una imagen sobre otra, determinar si las hizo la misma persona. Vamos, que los “grafiteros” tienen un nuevo enemigo y además, infalible.
